Economía de contrapesos

lasillavacia.com · Feb 14, 2026 · Collected from GDELT

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Francisco Miranda, columnista de La Silla Vacía. Mientras el país se adentra en el año electoral y la discusión pública gira en torno a candidatos y encuestas, hay otro pulso menos visible moldeando el rumbo económico de Colombia. No es el enfrentamiento clásico entre gobierno y oposición. Es algo más estructural: el choque entre una política económica populista desde el gobierno Petro y el ministerio de Hacienda y los contrapesos institucionales que intentan contenerla. En cuestión de semanas, tres decisiones provenientes de tres instancias distintas enviaron una señal inequívoca. El Banco de la República endureció su política monetaria frente a los riesgos inflacionarios asociados, entre otros factores, al aumento desproporcionado del salario mínimo. La Corte Constitucional suspendió provisionalmente la declaratoria de emergencia económica de diciembre pasado. Y el Consejo de Estado hizo lo propio con el decreto que fijaba el salario mínimo para 2026. No se trata de episodios aislados. Leídos en conjunto, configuran un patrón: la economía colombiana hoy no la está moldeando únicamente el Ejecutivo; la están tratando de corregir los contrapesos. El caso del Banco de la República es el más evidente. Mientras el Gobierno eleva la remuneración mínima legal más allá de los cálculos técnicos, los efectos de indexación e inercia inflacionaria, que el presidente Petro niega, ya comenzaron a experimentarse. La autoridad monetaria, cuyo mandato constitucional es preservar la estabilidad de precios, no puede ignorar esos riesgos. La respuesta del Emisor ha sido técnica: un apretón drástico con tasas de interés más altas. A pesar de los ataques de la Casa de Nariño, aquí no hay ideología; hay diseño institucional. El Banco fue concebido precisamente para aislar la política monetaria del ciclo electoral y de las presiones de corto plazo. Cuando el Ejecutivo empuja en dirección expansiva, el Banco evalúa si ese impulso compromete la convergencia inflacionaria o la credibilidad macroeconómica. Esa tensión no es una anomalía: es la esencia misma de un sistema de pesos y contrapesos aplicado a la economía. Un segundo episodio provino del frente constitucional. La suspensión provisional de la emergencia económica por parte de la Corte Constitucional fue una decisión sin precedentes. La figura de la emergencia otorga al Ejecutivo poderes extraordinarios para modificar reglas presupuestales y decretar tributos, sin pasar por el Legislativo. Al frenar provisionalmente la medida, la Corte no solo activó un control jurídico; envió un mensaje institucional sobre los límites de la excepcionalidad. Vivir en la excepcionalidad permanente- ya han sido cuatro las declaratorias del gobierno Petro- erosiona la previsibilidad económica. Inversionistas, empresas y hogares toman decisiones sobre la base de reglas relativamente estables. Cuando esas reglas pueden alterarse con frecuencia bajo el argumento de urgencia, el riesgo país aumenta, incluso si el objetivo declarado es socialmente loable. En especial, cuando las emergencias se usan para imponer impuestos previamente rechazados en democracia por el Congreso. El control constitucional va así más allá de lo jurídico para convertirse en un componente de estabilidad macroeconómica. Ahora con la nueva emergencia a raíz de la ola invernal estos principios se vuelven a poner a prueba. El tercer episodio se acaba de producir en el Consejo de Estado con la suspensión provisional del decreto del salario mínimo para 2026. Más allá de la discusión jurídica puntual sobre competencia o procedimiento, el impacto económico de un aumento salarial es estructural. No solo afecta el ingreso de los trabajadores formales; incide sobre la informalidad, las cargas empresariales, la indexación de múltiples tarifas y la senda inflacionaria. Al intervenir, el Consejo no “hace política económica”; cumple su función de control de legalidad sobre actos administrativos con consecuencias macroeconómicas. Vistos en conjunto, estos tres movimientos revelan algo más profundo que una simple controversia coyuntural. Ante una política económica caracterizada por un gasto público desbordado, un déficit fiscal histórico y decisiones salariales expansivas, la arquitectura institucional colombiana está operando como mecanismo de ‘ajuste indirecto’. Si el Ejecutivo no corrige voluntariamente el desbalance, otros órganos del Estado introducen frenos. Este fenómeno plantea dos lecturas posibles. La primera, optimista, es que la democracia colombiana sigue funcionando. El diseño constitucional de 1991 —con un Banco Central autónomo y cortes con capacidad real de control— está cumpliendo su propósito: evitar que la política económica se defina exclusivamente por el cálculo político de corto plazo. Desde esta perspectiva, no estamos ante un choque de trenes, sino ante la activación normal de los ‘checks and balances’. La segunda lectura es más inquietante. ¿Es sostenible una economía en la que la disciplina depende más de los contrapesos que del propio Ejecutivo? Cuando el ajuste lo hacen los jueces o el Banco, y no el Gobierno, el debate público se traslada del terreno político al jurídico y técnico. El riesgo es que la responsabilidad fiscal se perciba como una imposición externa, no como una convicción de política pública. A lo anterior hay que sumar las consecuencias electorales del ejercicio de estos frenos institucionales, que le brindan la Casa de Nariño y al candidato oficialista, el senador Iván Cepeda, argumentos para alimentar una narrativa de ‘lucha de clases’ y de bloqueo institucional. En cualquier caso, lo que estamos observando es la emergencia de una “economía de los contrapesos”, moldeada por la interacción entre ramas del poder. Mientras el Ejecutivo busca expandir el gasto y reforzar su narrativa social para campaña, el Banco protege la estabilidad de precios, la Corte vigila los límites constitucionales y el Consejo de Estado controla la legalidad de decisiones con alto impacto macroeconómico. El 2026 seguramente estará dominado por emociones, identidades y promesas de cambio. Pero, silenciosamente, el rumbo económico del país seguirá dependiendo de esta arquitectura institucional. La pregunta de fondo no es si los contrapesos deben existir —eso está fuera de discusión— sino si el próximo gobierno entenderá que la sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica no pueden descansar únicamente en la intervención correctiva de otros órganos del Estado. Una economía sólida no se construye a punta de frenos; se construye con responsabilidad desde el timón.