La proletarización de los jóvenes

eleconomista.es · Feb 19, 2026 · Collected from GDELT

Full Article

Por primera vez desde mediados del siglo XX, las cohortes de la Generación Milenial y de la Generación Z en España se enfrentan al riesgo, por no decir a la certeza estadística, de vivir peor que sus progenitores. Esto no es consecuencia de ninguna fatalidad inexorable, sino de la consolidación de un modelo estatista-colectivista, que mediante la hiper regulación del suelo, la rigidez laboral y una fiscalidad extractiva, ha bloqueado los mecanismos naturales de acumulación de riqueza de una economía de mercado, transformando a los jóvenes en una clase amenazada de proletarización o de un nivel de vida precario y, además, condenada a financiar a un volumen creciente de población envejecida más rica que ellos.La raíz de esa involución intergeneracional reside en la incapacidad de las nuevas cohortes para acumular activos, siendo la vivienda el factor más crítico. La pérdida de peso específico de los jóvenes en la riqueza nacional es brutal. En las décadas de los 80 y 90 y a comienzos de este milenio, la riqueza neta de los menores de 35 años representaba cerca del 10-12% del PIB; en 2026, esa cifra se ha desplomado y se sitúa por debajo del 3% del PIB. Esta tragedia no es algo sorprendente; es el resultado de una pésima política económica. Mientras que en el espacio temporal 1980-2000 un joven podía capitalizarse de manera temprana y con una razonable rapidez, hoy la tasa de propiedad en los menores de 35 años ha caído al 27%, frente al 70% de cohortes previas a su misma edad en aquel período. Esta brecha de riqueza neta, según datos de Fedea, sitúa la diferencia entre los hogares jóvenes y los mayores de 75 años en más de 360.000 euros, una distancia que se ha multiplicado por siete en apenas dos décadas (Ver Conde-Ruiz I., García Rodríguez F. Evolución de la riqueza de las familias en España (2002-2022, octubre, 2025). Por otra parte, el acceso a la renta primaria, esto es, los ingresos que un joven obtiene de su participación en el proceso productivo antes de que el Estado intervenga para quitarle una parte (impuestos) o darle otra (subsidios) está bloqueado por un mercado laboral hiperregulado que prioriza la protección del insider mediante costes de despido elevados y la rigidez en los convenios a costa de la exclusión del joven (outsider). Ante este escenario, emigrar se ha convertido para muchos en la única estrategia de supervivencia profesional: entre 2018 y 2025, aproximadamente 512.000 jóvenes españoles han decidido salir a trabajar al extranjero, buscando en otros mercados la valoración y la capacidad de ahorro que su propia nación les niega. A agudizar el drama contribuye el SMI, cuyas brutales subidas han sido realizadas por criterios ajenos a la racionalidad. Este actúa como una barrera de entrada letal. Al situar el coste mínimo de contratación por encima de la productividad marginal de muchos jóvenes sin experiencia, el Estado condena a miles de ellos al paro estructural, a la economía sumergida o a vivir de los subsidios. Con un paro juvenil que ronda el 25% en 2026, la rigidez laboral genera una dualidad donde aquellos encadenan contratos precarios que impiden cualquier planificación vital y financiera a largo plazo. A la descapitalización por el lado de los activos y a la exclusión laboral causada por las regulaciones laborales se suma una desorbitada carga tributaria. Un joven profesional enfrenta una cuña fiscal que ronda el 40%, cifra que escala por encima del 48% de su renta total si se computa la imposición indirecta sobre el consumo (IVA y Especiales). El Estado confisca más de la mitad de los ingresos del trabajador joven, anulando cualquier posibilidad de ahorro. En términos relativos, un joven de 2026 percibe una remuneración real que, ajustada al coste de vida, es un 20% inferior a la que percibía su padre a su misma edad. Por añadidura, unas jóvenes generaciones empobrecidas van a tener que financiar a una cohorte de jubilados patrimonialmente ricos. La arquitectura financiera de 2026 impone una carga confiscatoria: mientras el gasto en pensiones se dispara hasta los 216.000 millones de euros (13,3% del PIB), la base laboral se estrecha de forma dramática. Apenas 1,8 millones de jóvenes trabajadores deben soportar la salida del mercado de una cohorte de 5,3 millones de nuevos jubilados. Además, el denominado Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) da el golpe de gracia; es una herramienta que confisca el excedente del joven, impidiendo su capitalización temprana para sostener un sistema que le devuelve deudas en lugar de patrimonio. En este contexto, la clave para devolver a los jóvenes su derecho a prosperar no reside en sangrar a los ricos, sino en crear las condiciones que les permitan trabajar, ahorrar y acumular riqueza. Para ello es necesario aumentar la oferta de suelo y liquidar la soviética ley de arrendamientos urbanos y así abaratar la vivienda; flexibilizar el mercado laboral y reducir drásticamente la fiscalidad. Solo aligerando el peso del Estado, los jóvenes podrán transformar su talento en capital y su capital en autonomía. La libertad de emprender, contratar y ahorrar es la única reforma capaz de devolverle el futuro a la juventud española. WhatsAppFacebookTwitterLinkedinBeloudBluesky