Corredor pide a la jueza que obligue a Quiles a borrar los datos que reveló

mundiario.com · Feb 27, 2026 · Collected from GDELT

Full Article

La batalla entre el derecho a la información y la protección de la vida privada ha saltado de las redes sociales a los juzgados de Madrid. La presidenta de Red Eléctrica de España, Beatriz Corredor, ha solicitado a la magistrada que investiga al agitador digital Vito Quiles que ordene la retirada inmediata de los mensajes en los que este difundió la dirección de su domicilio y fotografías del inmueble. Lo que comenzó como una ofensiva política en redes tras el apagón masivo que dejó a oscuras la península Ibérica el 28 de abril de 2025 ha derivado en una causa judicial por presunta revelación de secretos y acoso. Corredor presentó querella contra Vito Zoppellari Quiles —conocido públicamente como Vito Quiles— y el juzgado de instrucción número 23 de Madrid, dirigido por la jueza Sonia Agudo, le ha citado a declarar el próximo 7 de abril. La exministra considera que la publicación de datos que afectan directamente a su esfera privada cruzó una línea roja: la de la seguridad personal y la de su entorno familiar. La dirigente de la compañía semipública —cuyo 20% del capital pertenece a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)— puso en conocimiento de los tribunales la difusión de contenidos que, a su juicio, no forman parte del debate público legítimo. Con la querella, su defensa solicitó medidas cautelares urgentes de protección. El juzgado de guardia que examinó inicialmente los hechos acordó dichas medidas, según adelantó El Confidencial y confirmaron fuentes jurídicas a El País. Sin embargo, los mensajes siguen accesibles en las cuentas de Quiles en X —antigua Twitter— y Telegram. Por ello, la defensa de Corredor ha reiterado ante la jueza la petición de retirada o bloqueo provisional de los contenidos, insistiendo en que la permanencia de la información multiplica el riesgo. El límite entre crítica política y exposición personal El origen del conflicto se sitúa en los días posteriores al gran apagón del 28 de abril. En ese contexto de tensión pública, Quiles publicó varios mensajes críticos con la presidenta de la empresa encargada de la red eléctrica. Cuestionó su nombramiento por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y recordó su salario anual, una cifra pública al figurar en los informes remitidos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Hasta ahí, el debate podría encuadrarse en el terreno político. Pero el 3 de mayo, el activista digital dio un paso más: publicó la dirección del domicilio de Corredor y fotografías del inmueble, asegurando que había contratado seguridad privada “con fondos públicos” para evitar a la prensa o a críticos. La querella sostiene que esa difusión no aporta información de interés general y sí expone a la presidenta a posibles riesgos. La defensa de Quiles ha solicitado el archivo de la causa al considerar que los hechos son “atípicos” y que no existe delito alguno. Argumenta que se trata del ejercicio del derecho a informar y opinar libremente, y que el domicilio sería un dato que ya habría trascendido con anterioridad. Más allá del tecnicismo jurídico, el caso refleja un clima político en el que la confrontación se amplifica en redes sociales y donde la frontera entre escrutinio y señalamiento personal se vuelve difusa. Corredor no es solo una directiva de una empresa estratégica; fue también ministra y es una figura vinculada a decisiones sensibles en un momento de alta tensión energética. @mundiario